Las normativas jurídicas para la nueva política de importación y comercialización de vehículos serán publicadas por la Gaceta Oficial en los próximos días. La argumentación de la medida ante el gabinete correspondió a Marino Murillo Jorge, vicepresidente del Consejo de Ministros y zar de las reformas.
La información divulgada este jueves en el diario Granma explica que la medida se tomó “tras varios meses de estudio”, luego de concluir que la venta a los particulares por medio del mecanismo de las cartas de autorización -emitidas por el Ministerio de Transporte- resultaba “inadecuada y obsoleta”.
Nuevos y de segunda mano
“En consecuencia, se libera la venta minorista de motos, autos, paneles, camionetas y microbuses, nuevos y de segunda mano, para las personas naturales cubanas y extranjeras residentes en el país, así como para las personas jurídicas extranjeras y el cuerpo diplomático, estableciendo precios minoristas semejantes a los que reconoce el mercado entre particulares”, indicó el reporte, que reproducen hoy los medios estatales.
La venta liberada se pondrá en marcha de manera gradual y paulatina. Aunque las cartas de autorización dejarán de emitirse de inmediato, se respetará la prioridad en la adquisición de vehículos a quienes actualmente las poesean.
Según el gobierno, con el ingreso recaudado se creará un fondo destinado especialmente al desarrollo del transporte público en el país.
Se mantendrá además la autorización de importación directa de vehículos de motor -nuevos y de segunda mano- que realizan las empresas importadoras autorizadas y el cuerpo diplomático.
Especulación y enriquecimiento
En la nota informativa se abundó en el panorama que obligó a tomar la decisión, tras dos años de vigencia del Decreto 292, que autorizó la transmisión de la propiedad de los vehículos a través de la compraventa en el 2011.
Entre las causas que aceleraron la decisión gubernamental pesaron las inconformidades de la población por “la existencia de otro mercado que vende a precios varias veces mayores que los de la empresa comercializadora establecida”, así como a manifestaciones de “especulación y enriquecimiento” que generó el mecanismo burocrático de la autorización estatal.
“Con estas normas jurídicas se dan pasos adicionales para eliminar restricciones que con el tiempo perdieron su razón de ser; con ellas desaparecen trabas administrativas que dejaban espacio a la ilegalidad; y se fomenta una nueva fuente de ingreso para el desarrollo del transporte público”, argumentó el texto informativo.
Según datos ofrecidos por el Registro Nacional de Vehículos, alrededor del 30 por ciento de las ventas realizadas en el 2012 a través de las comercializadoras cambió de propietario poco tiempo después de haberse inscrito el auto.
Cartas en negocio
“Ese procedimiento administrativo motivó que algunas personas se sirvieran de él para obtener ingresos adicionales. Se ha podido comprobar, además, que a través de internet se realizaban ventas de las referidas cartas incluso antes de comprar el vehículo”, admitió el artículo.
La nueva medida no eliminará el proceso de transmisión de propiedad entre todos los propietarios particulares, tanto nacionales como extranjeros.
Tampoco se levantará la limitación para que empresas cubanas o extranjeras radicadas en la isla puedan vender sus vehículos a particulares.
Como parte de la nueva política de comercialización, se autorizará la compraventa de motores de combustión interna -gasolina y diésel- y carrocerías entre particulares, así como la venta para reposición de carrocerías procedentes del desarme de vehículos a empresas y particulares,
Otra decisión significativa -adelantada en una reunión del Consejo de Ministros del pasado julio- fue priorizar la venta de bicicletas en el mercado minorista, incluyendo las eléctricas.
Según el informe, se establecerán precios sin fines recaudatorios, con el objetivo de favorecer su uso, y se deberá garantizar la disponibilidad de baterías, neumáticos, accesorios y piezas de repuesto con precios “sin carácter recaudatorio”, aunque se no se precisa si estos equipamientos recibirán algún tipo de subsidio estatal.
Además, la reunión ministerial acordó extender el plazo de un año -establecido a partir del primero de octubre del 2011- para realizar la transmisión de la propiedad de los vehículos de personas que salieron definitivamente del país.
